Privatización del Espacio Publico

Según datos de las Naciones Unidas , mientras que en el año 1950 solo un 30% de la población mundial vivía en ciudades, en el año 2013 el porcentaje alcanzó el 54%. Fue entonces cuando el mundo ya se consideró 'oficialmente' urbano. Pero, se pronostica que en 2030 se llegará a más de un 60%, es decir, habrá 8.500  millones de personas  viviendo en ciudades.

Actualmente, Asia alberga el 53% de la población urbana mundial, seguida de Europa (14%) y América Latina y el Caribe (13%). Este  crecimiento demográfico  genera importantes problemas urbanos en el continente. La segregación residencial es uno de ellos, considerada un fenómeno urbano que no solo afecta al entorno físico construido sino también las relaciones sociales dentro de la ciudad.

La ciudad ya no es entendida como una sola unidad sino más bien, como un conjunto de unidades [o fragmentos] que conviven entre sí separados por barreras, rejas, muros, cámaras, sistemas de vigilancia y seguridad... Estos elementos divisores se convierten en herramientas indispensables para asegurar el funcionamiento de cada 'unidad' delimitando claramente una relación adentro-afuera, inclusión-exclusión, residente-foráneo...

Es interesante destacar que la mayoría de estos procesos de segregación conllevan a la privatización de ciertos espacios de la ciudad que alguna vez fueron públicos como las aceras, plazas, espacios verdes, calzadas, parques, etc. Generalmente, estos espacios pasan a ser mantenidos por empresas privadas, contratadas por los mismos residentes, que se encargan de la seguridad en el perímetro, la vigilancia de la calle, la recolección de basura... Así, la privatización del espacio público genera la pérdida de significación social de los espacios que antes eran públicos, y a la vez, conlleva un desprecio hacia lo común y compartido en una ciudad abierta para quienes deciden excluirse. El encierro no hace más que endurecer el aislamiento de espacios urbanos y difunde, de alguna manera, una atmósfera de exclusividad.

Pero este problema no solo radica en las causas estructurales como pueden ser la violencia, la desigualdad social, la dejadez, la escasa acción estatal para disminuir los actos delictivos… sino también se atribuyen a causas relativas a los actores sociales, quienes toman la decisión de excluirse, y a los mismos entes gubernamentales que autorizan y apoyan esta acción.

Las autoridades competentes de estas ciudades deberían reconocer que muchas políticas públicas se están convirtiendo en mecanismos de segregación tanto residencial como socio-espacial, cerrando pasajes, caminos peatonales, parques, espacios de juego y zonas verdes... A fin de cuentas, ¿de quién es la ciudad? ¿Dónde está el derecho a ella? ¿A quién pertenecen los espacios públicos?

Extracto recogido de “El País”: El encierro de la ciudad