Como hemos podido observar en clase añadir la Educación en un municipio como derecho fundamental es muy importante.
La política educativa configurada desde la recuperación de la democracia parlamentaria y representativa en España, ha sido delimitada por el Gobierno estatal y las Comunidades Autónomas, que han concretado las principales características del sistema educativo.
El protagonismo de los municipios en educación ha sido más bien escaso en este espacio y tiempo, pero la educación se ha extendido más allá de los centros escolares y de la infancia y la juventud, llegando a todos los rincones de la actividad social y haciéndolo a lo largo de toda la vida (Gairín, 2005).
En este sentido, y en los últimos años, cada vez han sido más los Ayuntamientos dispuestos a asumir su protagonismo ante el desarrollo de las políticas educativas (Albaigés, 2013). Progresivamente se ha ido despertando la inquietud sobre la educación como objeto de atención de los Ayuntamientos, y también abriéndose la reflexión sobre el sentido, posibilidades y límites de su implicación en ella y a través de sus Servicios Municipales de Educación. Ésta se ubica en un enfoque de la participación social en educación caracterizado por la existencia de una sociedad democrática; la construcción de unas instituciones educativas democráticas desde la implicación de los distintos agentes socioeducativos; el valor educativo que la educación tiene en sí misma; y su contribución con respecto a la mejora de la eficacia y la calidad de los procesos educativos.
Las medidas vinculadas a la extensión, generalización y obligatoriedad de la educación, promueven el principio de educación para todos, compensando las desigualdades de partida y desde un compromiso de calidad. El mayor protagonismo de los Ayuntamientos en educación, a través de sus SME, podría concretarse en diversos y posibles roles (Bosch y Batlle, 2006) para asumir los retos (Benito y González, 2007) de corresponsabilidad, educación inclusiva y aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde los principios democráticos de libertad, equidad e igualdad de oportunidades (Vilarrasa, 2006). La educación como derecho ha de poder llegar al conjunto de la ciudadanía y hacerlo a lo largo de toda la vida. En esta dirección se circunscribe el interés, desde la década de los años noventa del siglo pasado y la teoría ética-política y de la práctica educativa (Kymlicka y Norman, 1994; Bárcena, 1997; Gimeno, 2001), por generar una auténtica educación para la ciudadanía, mejorar la participación de la comunidad y las instituciones educativas y responder a la necesidad de formar a una ciudadanía competente cívicamente y comprometida con la responsabilidad colectiva que supone la educación. Algunos ejemplos de ello, en nuestro contexto y también en el internacional, son las experiencias de “Centro para el aprendizaje de las nuevas tecnologías y de la innovación social” de Gandía (España), el programa de “Personas mayores saludables y activas” de Torres Vedras (Portugal) o el “Consejo de las personas mayores” de Toulouse (Francia), entre otros (a partir de AICE, 2013). La articulación de políticas educativas municipales en esa dirección puede concretarse, de acuerdo con Crespo y Vinyoles (2006), con la implementación de proyectos educativos de ciudad, oficinas municipales de escolarización, mesas mixtas Educación y municipio: la importancia de los servicios municipales de educación ISSN 2171-9098 ∙ ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 28, 2013, (43-60) 45 de planificación, planes de acogida en las instituciones socioeducativas, planes para la mejora del éxito escolar, programas de acompañamiento en la transición escuela – trabajo, planes educativos de entorno, centros educativos de titularidad municipal, escuelas de educación infantil y centros de formación permanente o proyectos con otros agentes educativos de la sociedad civil, entre otras actuaciones.
Artículo recogido de Dialnet.
La política educativa configurada desde la recuperación de la democracia parlamentaria y representativa en España, ha sido delimitada por el Gobierno estatal y las Comunidades Autónomas, que han concretado las principales características del sistema educativo.
El protagonismo de los municipios en educación ha sido más bien escaso en este espacio y tiempo, pero la educación se ha extendido más allá de los centros escolares y de la infancia y la juventud, llegando a todos los rincones de la actividad social y haciéndolo a lo largo de toda la vida (Gairín, 2005).
En este sentido, y en los últimos años, cada vez han sido más los Ayuntamientos dispuestos a asumir su protagonismo ante el desarrollo de las políticas educativas (Albaigés, 2013). Progresivamente se ha ido despertando la inquietud sobre la educación como objeto de atención de los Ayuntamientos, y también abriéndose la reflexión sobre el sentido, posibilidades y límites de su implicación en ella y a través de sus Servicios Municipales de Educación. Ésta se ubica en un enfoque de la participación social en educación caracterizado por la existencia de una sociedad democrática; la construcción de unas instituciones educativas democráticas desde la implicación de los distintos agentes socioeducativos; el valor educativo que la educación tiene en sí misma; y su contribución con respecto a la mejora de la eficacia y la calidad de los procesos educativos.
Las medidas vinculadas a la extensión, generalización y obligatoriedad de la educación, promueven el principio de educación para todos, compensando las desigualdades de partida y desde un compromiso de calidad. El mayor protagonismo de los Ayuntamientos en educación, a través de sus SME, podría concretarse en diversos y posibles roles (Bosch y Batlle, 2006) para asumir los retos (Benito y González, 2007) de corresponsabilidad, educación inclusiva y aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde los principios democráticos de libertad, equidad e igualdad de oportunidades (Vilarrasa, 2006). La educación como derecho ha de poder llegar al conjunto de la ciudadanía y hacerlo a lo largo de toda la vida. En esta dirección se circunscribe el interés, desde la década de los años noventa del siglo pasado y la teoría ética-política y de la práctica educativa (Kymlicka y Norman, 1994; Bárcena, 1997; Gimeno, 2001), por generar una auténtica educación para la ciudadanía, mejorar la participación de la comunidad y las instituciones educativas y responder a la necesidad de formar a una ciudadanía competente cívicamente y comprometida con la responsabilidad colectiva que supone la educación. Algunos ejemplos de ello, en nuestro contexto y también en el internacional, son las experiencias de “Centro para el aprendizaje de las nuevas tecnologías y de la innovación social” de Gandía (España), el programa de “Personas mayores saludables y activas” de Torres Vedras (Portugal) o el “Consejo de las personas mayores” de Toulouse (Francia), entre otros (a partir de AICE, 2013). La articulación de políticas educativas municipales en esa dirección puede concretarse, de acuerdo con Crespo y Vinyoles (2006), con la implementación de proyectos educativos de ciudad, oficinas municipales de escolarización, mesas mixtas Educación y municipio: la importancia de los servicios municipales de educación ISSN 2171-9098 ∙ ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 28, 2013, (43-60) 45 de planificación, planes de acogida en las instituciones socioeducativas, planes para la mejora del éxito escolar, programas de acompañamiento en la transición escuela – trabajo, planes educativos de entorno, centros educativos de titularidad municipal, escuelas de educación infantil y centros de formación permanente o proyectos con otros agentes educativos de la sociedad civil, entre otras actuaciones.
Artículo recogido de Dialnet.
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